Cuando surgió, el 15-M fue un soplo de aire fresco y de
vitalidad social, que demostró que había mucha gente que se daba cuenta
de lo profundamente injusta que es la situación que, por gracia de los
grandes poderes económicos y políticos, estamos sufriendo la mayoría de
la población. El 15-M representó ese decir ¡basta! ante las flagrantes
tropelías de esos poderes hacia nosotros, hacia la gente del común, la
posibilidad de que nosotros mismos podamos ser realmente dueños de
nuestras propias vidas. Ésa es la única razón por la que se respira
nerviosismo e inquietud en los grandes despachos.
Como parte de ese movimiento general, un nutrido grupo de
ciudadanos zamoranos, de las más variadas edades e ideologías, decidimos
congregarnos ante el Ayuntamiento de esta ciudad el día de su toma de
posesión, el 11 de junio de 2011. Y ello, precisamente, para
transmitirles ese mensaje: que la época en que hacían y deshacían
tranquilamente en sus despachos, a espaldas de una población que debe
sufrir las consecuencias de esos tejemanejes, había terminado, que ahora
se iban a ver obligados a tener en cuenta a una ciudadanía crítica y
vigilante.
La concentración, como el conjunto del 15-M, fue pacífica, y
sólo la negativa, arbitraria e ilegal, de la Policía a que un grupo de
representantes de los ciudadanos congregados asistiera al acto (derecho
reconocido y recogido en el reglamento del Ayuntamiento y que,
repetimos, la Policía nos negó ilegalmente) provocó un aumento de la
tensión. Esa prohibición animó a los varios centenares de ciudadanos
allí congregados a mostrar públicamente su descontento a la salida de
los cargos municipales, cargos dispuestos a saltarse la legalidad en la
que se escudan cuando puede favorecer la justa queja de la ciudadanía,
provocando nuevos momentos de tensión.
Ocho meses después, trece compañeros que asistieron a la
concentración han sido imputados por unas supuestas agresiones a varios
miembros de las fuerzas de seguridad.
Queremos denunciar tajantemente la falsedad de estas
acusaciones. Ningún miembro de la Policía o del Ayuntamiento fue
agredido por ninguno de los asistentes a la concentración. De hecho, las
propias declaraciones de dos de los agentes denunciantes indican que a
ellos, insistimos, según sus propias palabras, “no les ha pasado nada”;
pero a pesar de ello, aparecen como denunciantes de una supuesta
agresión.
Aún más, sobre los imputados pende una nebulosa jurídica,
estando poco claros los cargos concretos de la acusación, lo que les
obligará a tener que soportar la aberración jurídica de tener que
demostrar su inocencia, cuando el principio del derecho señala que es la
acusación quien debe demostrar la culpabilidad del encausado. La
división de poderes, de la que tanto se suele hablar, se muestra como
una trampa: en vez de contraponerse, sirviendo unos poderes de
correctores de los excesos de los otros, se complementan entre sí,
formando una maquinaria aún más eficazmente tiránica.
Y no se trata de ninguna broma, algunos de los cargos
presentados, o potencialmente presentables (por esa nebulosa jurídica de
la que hablamos), pueden desembocar en penas de cárcel para algunos de
los compañeros.
No estamos solos en esto. Desde ese soleado 15 de Mayo,
centenares de personas por todo el país han sido denunciadas, la mayoría
de las veces con cargos tan endebles como los que pesan sobre nuestros
compañeros, por las fuerzas de seguridad. ¡Los armados y entrenados para
ejercer legalmente la violencia agredidos por ciudadanos desarmados que
pertenecen a un movimiento declarada y comprobadamente pacífico (como
ha reconocido incluso la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, al
presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos)! Sin embargo, el
poder judicial ha avalado y dado trámite sistemáticamente a estas
denuncias por todo el país. Por eso la Policía puede actuar como hemos
visto estos días en Valencia, porque se sabe absolutamente impune y
respaldada por quienes en teoría deberían vigilar sus excesos.
Volviendo a Zamora, es evidente que las acusaciones contra
nuestros compañeros no son sino un burdo montaje con claras intenciones
políticas, que non son otras que amedrentar a una población que comienza
a despertar y a decir ¡basta! Por eso es un juicio político, porque no
busca aclarar los hechos de aquel día, sino construir un proceso
ejemplarizante (de ahí, además de por su falsedad, lo poco definido de
las acusaciones), con el objetivo de intimidar a todos los que están
sufriendo las consecuencias de la situación política y económica y
evitar su protesta y su denuncia.
Por eso este proceso judicial no es otra cosa que una lucha
política donde se está dirimiendo la legitimidad del uso de nuestros
derechos democráticos (de expresión, de reunión, etc.), la posibilidad
de hacer visible nuestro descontento y construir una verdadera
alternativa a esta situación, o bien, la omnipotencia de esos poderes,
que son los que realmente pueden ejercer la violencia, para acallar
cualquier denuncia de su actuación, y poder seguir, “en orden y con
normalidad”, con esos tejemanejes ruinosos para la inmensa mayoría de la
población.
Para algunos supuestos representantes “democráticos” el
tener a una ciudadanía crítica y vigilante, que les pide
responsabilidades y cuentas por su actuación, es sinónimo de “miedo y
desorden”. Son los mismos que no tienen empacho en arruinar la vida de
los ciudadanos que supuestamente representan, eso sí, “legal y
democráticamente”, enviándolos a la cárcel, o amenazando con hacerlo,
sólo por levantar la cabeza.
Es tal y como suena: a la cárcel por protestar, a la cárcel
por denunciar la injusticia. ¿Es así la ciudad que quieres para ti y
para tus hijos? ¿Es así el país que queréis?
Nosotros tenemos claro que no, por lo que iniciamos una
campaña para dar a conocer esta nueva iniquidad a la que nos someten.
Por eso, invitamos a todas las personas y colectivos que quieran mostrar
su simpatía y solidaridad con nuestros compañeros inocentes a sumarse a
esta campaña y a acudir el próximo jueves 1 de marzo a las 9:00 en la
calle del Riego, frente a los juzgados. Asimismo, convocamos una nueva
concentración solidaria el jueves 8 de marzo a las 19:30 en la plaza de
la Constitución (o del 15 de Mayo), frente a Subdelegación del Gobierno.
ALLÍ ESTAREMOS, NO NOS VAN A CALLAR!!!!!
ALLÍ ESTAREMOS, NO NOS VAN A CALLAR!!!!!
